El arsenal de papel

Buenos días.

La Unión Europea construyó en los últimos años el marco regulatorio más ambicioso del mundo contra la manipulación informativa y las injerencias extranjeras. Pero Rumanía, entre otros casos, demostró que los instrumentos llegan tarde y que son más forenses que escudos. Las democracias siguen desprotegidas.

El 24 de noviembre de 2024 los rumanos fueron a las urnas. Como candidato más votado salió un político desconocido, ultranacionalista y abiertamente proruso, Calin Georgescu. Su éxito se debió a una campaña masiva en TikTok. Georgescu había declarado un gasto de campaña de cero euros, pero esos cero euros parece que fueron suficientes para satur la plataforma con un relato épico construido sobre símbolos religiosos y nacionalistas. 10 días después, el Tribunal Constitucional rumano anuló aquellas elecciones al constatar indicios de injerencias exteriores (rusa) coordinadas. Era la primera vez en la historia de la Unión Europea que una elección presidencial se cancelaba por interferencias digitales. El arsenal europeo para que esas injerencias no tuvieran efectos había fallado.

El episodio rumano fue la demostración de que la caja de herramientas de la UE es sofisticada a la hora de mapear, catalogar y diagnosticar casos de desinformación y manipulación informativa de origen extranjero (o interno), pero es incapaz de funcionar como escudo y proteger los sistemas democráticos. Kaja Kallas dijo una vez que "la desinformación puede ser una bala en el corazón de la democracia". Precioso. Cierto. Pero la respuesta política no está a la altura.

El arsenal europeo

El núcleo regulatorio europeo lo constituye la Ley de Servicios Digitales (DSA), en vigor desde febrero de 2024 para todos los servicios digitales y desde agosto de 2023 para las grandes plataformas, la mayoría estadounidenses. La norma obliga a las 'Plataformas muy grandes' (VLOPs, las que tienen más de 45 millones de usuarios activos mensuales en la UE, como Meta, TikTok, Google, X o Amazon) a evaluar y mitigar los riesgos sistémicos relacionados con la desinformación, la manipulación y la integridad electoral.

Junto al DSA, el Código de Conducta sobre Desinformación -reforzado en 2022 e integrado en el DSA en febrero de 2025- ha conseguido que plataformas como Facebook, Youtube o TikTok asuman compromisos como el etiquetado de publicidad política, el acceso de investigadores a sus datos y medidas contra comportamientos inauténticos coordinados (campañas con bots).

El Reglamento de Publicidad Política (TTPA) exige transparencia sobre el patrocinio y el origen de los anuncios electorales. La Ley de Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA), en vigor desde mayo de 2024, protege el pluralismo informativo y blinda a los periodistas frente a presiones políticas y económicas.

La parte jurídica cubre las herramientas supuestamente prácticas. El Servicio Europeo de Acciones Exteriores (SEAE) lidera desde 2015 la detección y el análisis de la manipulación informativa de origen extranjero (FIMI, en sus siglas en inglés). Su proyecto más conocido, EUvsDisinfo gestiona el mayor archivo público mundial de desinformación pro-Kremlin. El SEAE publica informes periódicos sobre amenazas FIMI y ha desarrollado metodologías de investigación en fuentes abiertas (OSINT) para detectar campañas de interferencia. En paralelo, el Observatorio Europeo de Medios Digitales conecta a verificadores de hechos, investigadores académicos y plataformas en toda la UE.

La cúspide del edificio es el Escudo Europeo para la Democracia (EDS), presentado por la Comisión el 12 de noviembre de 2025. Contempla la creación de un Centro para la Resiliencia Democrática, programas de alfabetización mediática, mayor coordinación institucional y acciones escalonadas hasta finales de 2027.

Detectar sin tener capacidad para prevenir

El problema europeo no es todo este entramado legal, sino que la inmensa mayoría de sus herramientas son reactivas, no proactivas. Detectan y analizan cómo nos metieron ese gol, pero son incapaces de poner un portero que pare el tiro. Sirven para generar informes muy detallados que llegan semanas o meses tarde y abren investigaciones cuando los jueces, como en el caso rumano, ya tuvieron que actuar.

El candidato ultranacionalista rumano aseguró no haber gastado un euro en su campaña, pero los servicios de inteligencia detectaron pagos por hasta 381.000 dólares a influencers en TikTok. Los jueces sentenciaron que Georgescu había recibido "trato preferencial en las plataformas de redes sociales que distorsionó la voluntad expresada por los votantes". El DSA llevaba meses vigente y ni vio por dónde le daba el aire.

La Comisión Europea abrió una investigación formal contra TikTok el 17 de diciembre, semanas después de aquellas elecciones que la Justicia mandó repetir. Expertos del think tank Center for European Policy Analysis (CEPA) dijeron: "Rumanía y la UE carecen de mecanismos de rendición de cuentas que garanticen consecuencias reales para las plataformas que habilitan la desinformación".

Los problemas del sistema

El sistema europeo afronta problemas que limitan su eficacia. El primero es la ambigüedad. El propio DSA sufre de inconsistencias cuando define "desinformación", porque teme meterse en terreno políticamente resbaladizo.

El segundo problema es la desigualdad en el cumplimiento. Un informe de 2025 del Observatorio Europeo de Medios Digitales reveló que el cumplimiento del Código de Conducta sobre Desinformación en las grandes plataformas era "desigual y parcial". Google y TikTok eran algo más robustos. META iba rezagada. El mismo informe identificó que la efectividad de la DSA para proteger procesos electorales depende de la presión pública, no de operaciones por defecto de las plataformas. Si la Comisión Europea no les aprieta las tuercas apenas se mueven.

El tercer problema es geopolítico. Para la Administración Trump la DSA es un frente de lucha. Washington sancionó en diciembre de 2025 al ex comisario europeo Thierry Breton -quien lideró la elaboración de la DSA-, congeló sus activos en Estados Unidos y lo declarón "persona non grata", alegando que la DSA "censura" plataformas estadounidenses.

Las plataformas juegan al gato y al ratón con la Comisión Europea. META eliminó sus programas de verificación de hechos en Estados Unidos, rebautizó "discurso de odio" como "conducta odiosa" y relajó sus políticas de contenido. Muchas cosas que eran ilegales en Instagram o Facebook hace unos años, ya son legales. Youtube eliminó de sus informes DSA toda mención a "desinformación" y lo sustituyó por "información engañosa". X, bajo control de Elon Musk, apenas coopera.

Además, a la Comisión Europea le falta mano de obra. La Dirección General de Competencia está infradotada y la Comisión Europea tuvo que lanzar una convocatoria para contratar 60 agentes dedicados a la vigilandia de la DSA porque estaba desbordada. Y sigue estando desbordada.

El escudo democrático: más ambición que soluciones

El Escudo Europeo para la Democracia, al que le falta de todo menos fanfarria, ya está sufriendo críticas dolorsas. El Centre Jacques Delors dijo que "existe un claro desajuste entre las altas expectativas y las soluciones de pequeña escala que ofrece". Unos 15 de sus puntos de acción son sólo compromisos para preparar nuevas orientaciones y recomendaciones para la Comisión Europea. Es decir, instrumentos que no son ni vinculantes ni tienen consecuencias legales. Y la mayor parte del resto depende de la voluntad política de los Estados miembros.

La iniciativa ciudadana Citizens Take Over Europe fue más dura: "El Escudo es hueco". Asegura que el documento que pretende proteger la democracia europea de las amenazas externas ignora que el mayor peligro para la democracia europea puede estar dentro de Europa. El think tank Carnegie Endowment for International Peace dijo en febrero de 2026 que "se mantienen las preocupaciones sobre las limitaciones de las nuevas iniciativas".

Tampoco presionar a las plataformas con la DSA está ofreciendo garantías sólidas. La Comisión Europea tiene un doble papel de regulador e interlocutor político con las grandes tecnológicas estadounidenses, lo que compromete su capacidad de actuar como árbitro. Y las presiones diplomáticas de Washington han moderado las ambiciones de aplicación. La capacidad sancionadora existe, pero el historial de enforcement es muy escaso.

No hay prevención, sólo reacción

Los instrumentos disponibles son insuficientes. Un sistema que está diseñado principalmente para documentar y sancionar ex post no sustituye a un sistema de prevención. El Eurobarómetro de noviembre de 2025 reveló que el 79% de los europeos está preocupado por la influencia de la desinformación en los votantes y que el 70% teme injerencias extranjeras en las elecciones. Eso mina la confianza democrática si no se le da soluciones.

No vale sólo decir "Rusia" (o Estados Unidos) influyó en esta campaña electoral a favor de este candidato. Hay que impedir esa injerencia. La lógica sobre la que se mueven las instituciones europeas es perfecta para decir de qué murió el herido, no para evitar su muerte.

Europa necesita:

• Sistemas de alerta temprana con capacidad de respuesta prácticamente en directo
• Coordinación real entre autoridades nacionales e instituciones europeas. No es que no se coordinen. A día de hoy, ni saben lo que hacen cada una.
• Voluntad política que no desaparezca cuando aumente la presión de Washington.

El Escudo Europeo para la Democracia quiere ser preventivo, pero mientras sus acciones no pasen de ser recomendaciones y compromisos voluntarios de las capitales, no será más que otra herramienta forense. Seguiremos entendiendo qué mató al enfermo una vez muerto.

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