Bienvenido al número 30 de Dossier Bruselas.
A los corresponsales europeos nos gusta decir que el primer mandato de Úrsula Von der Leyen (2019-2024) fue el de la construcción -a pesar de la pandemia-, con grandes avances en políticas climáticas, la puesta en marcha de los fondos del Next Generation o el criticado Pacto Migratorio. La Von der Leyen -y su director de Gabinete Björn Seibert, el hombre más poderoso de las instituciones europeas, el “rasputín”, el “richelieu”, el “fouché”, el “hombre sin alma” o tantos otros apelativos que recibe de altos funcionarios y diplomáticos- del primer mandato fueron una fuerza constructiva.
Esa fuerza murió. Von der Leyen es hoy un peón a las órdenes de su partido, la CDU alemana. Y tiene en marcha un plan para cambiar hasta el hueso el funcionamiento de las instituciones europeas. Si los planes de Merz y Von der Leyen salen adelante, la forma de trabajar de las instituciones cambiará para concentrar más poderes en el gabinete de la presidenta, en la Secretaría General y en unas pocas direcciones generales controladas con mano de hierro por Seibert. Y para cambiar cómo se gestionan todos los fondos europeos. Recentralizar, concentrar poder y ejecutar sin tener que pasar por una capa de administraciones que diluye el poder de Seibert y de unos pocos ministros en las capitales.
La reforma, nunca explícita, tiene tres grandes pilares:
Concentración de la gestión de fondos -y de su supervisión por el gabinete de la presidenta- en una sola dirección general.
Concentración de la gestión de fondos en las capitales, quitando las competencias que tienen actualmente las regiones, al estilo de cómo ha funcionado el Next Generation.
Desregulación al gusto de la CDU alemana, el partido conservador de Merz y Von der Leyen, portavoz de la gran industria alemana.
Todo el poder para Seibert
Politico ha ido adelantando a cuentagotas los planes de Von der Leyen para reestructurar en profundidad la arquitectura de la Comisión Europea. La idea, de llevarla al a práctica en su versión más radical, es acabar con todas las direcciones generales que gestionan fondos europeos para concentrar toda esa gestión en una nueva DG Invest.
Eso llevaría al cierre de DG Regio (responsable de fondos de cohesión), DG Agri (de los fondos agrícolas), de DG Empl (del Fondo Social Europeo), de DG Mare (de los fondos para pesca) y de DG RTD, del programa Horizon. En su versión menos radical seguirían existiendo, pero disminuidas y sin gestión de fondos. Se trata de centralizar la gestión del dinero, y el poder que da esa gestión, copiando el modelo de los Next Generation. La propuesta estará sobre la mesa del Colegio de Comisarios a finales de año.
Relación directa con las capitales
La segunda pata de la reforma lleva a cambiar de arriba a abajo cómo se gestionan los fondos europeos una vez se distribuyen. Las regiones tienen ahora un papel importante y buena parte de la gestión y el control de esos fondos. La idea de la Comisión es replicar el modelo de los Next Generation. Cada Estado miembro firmaría un acuerdo con la Comisión sobre el uso de los fondos que le correspondan. Las capitales tendrían más margen para decidir a qué y a dónde va el dinero y todo el poder de su gestión una vez desembolsado. Las regiones apenas tendrían qué decir.
Un informe de la consultora Zabala de julio del año pasado explicaba cómo la Comisión “reduce el protagonismo de las regiones en favor de los Estados miembros y prioriza ámbitos como la I+D+i, la defensa, la digitalización, la transición ecológica y la salud”.
El informe de Zabala cuenta cómo de 52 programas de gasto se pasaría a 16 y cómo los más de 500 instrumentos regionales pasarían a ser 27, uno por Estado miembro, para “simplificar la ejecución del presupuesto y aumentar su alineación con las prioridades estratégicas de la UE”.
En los planes que cada gobierno firme con la Comisión Europea se incluirán todos los fondos que van a ese Estado miembro, desde cohesión hasta pesca pasando por agricultura o políticas sociales. Los gobiernos tendrían mucho más margen que ahora para “desarrollar capítulos nacionales, sectoriales e incluso territoriales, en función de sus estructuras constitucionales”.
Al dictado de la CDU
A finales de abril, Von der Leyen asistió a un congreso de la CDU donde, además de los discursos habituales en esos escenarios, se presentó un documento que propone una eliminar masivamente regulación europea.
El académico Alberto Alemanno hizo un análisis para la publicación francesa ‘Le Grand Continent’ que explica cómo tras la pátina de la simplifación legislativa y de la desburocratización del funcionamiento de las instituciones comunitarias, lo que en realidad se busca es “eliminar directivas en campos variados, desde la ecología hasta la igualdad salarial entre hombres y mujeres, pasando por la economía circular”.
Alemanno cuenta cómo “destrás del discurso de la simplificación y la desburocratización se esconde un programa que busca no sólo reducir las cargas administrativas, sino debilitar la capacidad regulatoria de la Unión Europea, restringir la iniciativa legislativa de la Comisión Europea y devolver poder a los gobiernos nacionales”.
Alemanno estima que, en última instancia, lo que se busca renacionalizando las prerrogativas que tienen las instituciones europeas en nombre de la competitividad “no es una Europa más soberana, sino una Europa reducida y más alineada a los intereses de Alemania”.
El documento de la CDU pide también la creación de un órgano supuestamente independiente con poderes de veto sobre los procedimientos legislativos europeos. Es decir, una transferencia de poder de las instituciones actuales, que emenan de los tratados europeos, a una entidad que en la práctica estaría controlada por los gobiernos.
Nos vemos el miércoles.
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